El Tribunal de Cuentas fiscaliza los contratos de seguridad privada celebrados por las entidades locales de la comunidades autónomas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIOS 2018 Y 2019




Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objetivos de fiscalización: verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la documentación establecida por las normas legales y por las instrucciones aprobadas por el Pleno de la Institución relativas a la remisión telemática de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos; analizar la preparación, adjudicación y formalización de los contratos y su sometimiento a la legalidad vigente y a los principios de buena gestión, así como de la ejecución de los contratos y su sometimiento a la legalidad vigente. 

Es una fiscalización de cumplimiento y operativa, realizada a instancia de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
Esta fiscalización de ámbito local tiene carácter horizontal, estando constituido su ámbito subjetivo por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo (OCEx) propio, es decir, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.

El Informe recoge, entre otras conclusiones, las siguientes: 

En relación con las fases de preparación y adjudicación de los contratos, la fiscalización señala que en un número significativo de expedientes se ha observado una inadecuada y deficiente planificación de las necesidades contractuales; bien porque no se iniciaron con la suficiente antelación o porque los expedientes no fueron tramitados con la debida diligencia, de forma que permitieran tener adjudicado el nuevo contrato antes del vencimiento del anterior.

Esto ha dado lugar, según observa la fiscalización, a una prolongación irregular de la ejecución del contrato, mediante la continuación de la prestación del servicio, así como a su abono conforme a los precios estipulados en el contrato ya extinguido; lo que ha significado una prolongación de la situación de cierre del mercado y exclusión de la concurrencia más allá del tiempo legalmente previsto.

Por otra parte, la fiscalización ha identificado deficiencias en relación con la acreditación de la necesidad, idoneidad e insuficiencia de medios propios para la realización del contrato (un 46% del total) y, en más de la mitad de los contratos examinados (un 54%), se ha observado que no se han valorado las repercusiones y efectos en el cumplimiento por la entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). El Informe refleja también que en un 37% de los expedientes no constan las estimaciones, los datos tenidos en cuenta, ni los cálculos realizados para la cuantificación del presupuesto de licitación y del valor estimado del contrato, así como de su adecuación al precio general de mercado.

Del análisis del contenido de los pliegos, la fiscalización ha detectado incumplimientos puntuales en aspectos generales de la contratación. Entre estos: la inclusión en el pliego de prescripciones técnicas de menciones que deben recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares; el exceso de duración de las prórrogas, respecto de la regulación legal; o la falta de concreción de los medios específicos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de entre los enumerados en la ley.

El incumplimiento más generalizado es el que se refiere a la ausencia de incorporación a los pliegos de la obligación de que todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realicen por medios exclusivamente electrónicos, como exige la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público. La insuficiencia de los medios técnicos de las entidades locales puede explicar su falta de adaptación en este punto, a esta novedad legislativa.

Por otra parte, el Informe señala que varios pliegos de cláusulas administrativas particulares no establecieron indicadores para la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, lo que no favorece los principios de publicidad, transparencia y objetividad, informadores de la contratación pública.

En algunos contratos examinados las fórmulas previstas para la valoración del criterio precio desvirtúan la ponderación que nominalmente tiene este criterio en la licitación, al otorgar puntuación incluso a las ofertas que no representan una baja respecto del presupuesto base de licitación. Esto da lugar a que las diferencias de puntuación entre las ofertas económicas puedan acabar siendo nimias frente a las diferencias resultantes de la aplicación de los criterios dependientes de un juicio de valor que, en la práctica, resultan tener una ponderación superior a la definida en los pliegos.

En cuanto a la fase de ejecución, el Informe señala que en un elevado número de contratos no se nombró un responsable del contrato que permitiera ejercer una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato.

Un significativo número de los contratos en vigor durante el estado de alarma no se suspendieron, total ni parcialmente (artículo 34 de Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19), no obstante referirse a instalaciones o dependencias que estuvieron cerrados durante la vigencia de dicho estado de alarma, como eran las escuelas infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc. Esto evidencia, según el Informe, una gestión indebida de los recursos por parte de la Administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad sobre edificios fuera de uso a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos, con el consiguiente ahorro para el presupuesto de la entidad local.




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