Prohibido el despido por causas relacionadas con la COVID-19



Es evidente que la seguridad privada es un sector que también ha sido tocado de muerte por la epidemia. Muchos servicios se han reducido o cerrado y las empresas acusan esta situación con un alud de ERTES.

Para evitar una sangría de despidos, el Gobierno ha adoptado un Real Decreto-ley con medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria de la COVID-19.

La nueva norma, completa, concreta y refuerza la aplicación y los mecanismos de control de las medidas puestas en marcha a través del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. La iniciativa ofrece una mejor cobertura y establece medidas específicas para algunos sectores. Además, pretende agilizar la contratación pública durante la crisis causada por la coronavirus.


La norma aprobada, establece mecanismos legales y recursos públicos ingentes para que los empresarios puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y asegurar el mantenimiento de los contratos. En este sentido, no podrán propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción.

Los contratos temporales no se extinguen, sino que se interrumpen, y se reanudarán una vez concluya la crisis sanitaria.

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